La Dirección General de Catastro emitió una resolución en el que ordenó la suspensión del proceso de adquisición de tierras del Estado en El Cadillal, tal como lo disponía la ley 9.179 porque se probó que los oferentes no respetaban el código urbanístico establecido para la villa turística. Además, reafirmó que en esta operatoria quedaron totalmente excluidos los poseedores de terrenos y viviendas que están ubicadas en la franja de 35 metros de la costa de El Espejo.
La ley comprendía que las personas que se encontraban habitando en esos lugares, a través de una licitación pública, podrían comprarla al Estado y solicitar su escrituración. Estaban claramente exceptuadas las propiedades que se encontraban en zonas de reservas naturales o arqueológicas. La máxima extensión que debían tener era de 3.000 metros cuadrados y, en caso de que hubiera excedentes, debían ser devueltos de manera inmediata a la Provincia.
En la norma se establecía que sólo podían realizar este trámite los propietarios que hayan ocupado las parcelas hasta el año 2018. En principio, según explicaron las autoridades, se pensaba que existían poco más de 1.400 casos de personas que habían adquirido terrenos o construidas sus casas (como vivienda única o de descanso). Pero vino la pandemia y en la villa turística hubo un festival de usurpaciones en tierras fiscales. En un informe que hizo Catastro a principios de este año, se contabilizaron unas 3.000, varias de ellas construidas en loteos ilegales de tierras fiscales.
Condicionamiento
Unos 300 propietarios iniciaron los trámites correctamente ante las autoridades correspondientes. Mientras que los más de 1.000 restantes lo hicieron a través de la desaparecida secretaría de Regularización Dominial y de Hábitat de manera irregular. Por esa razón, el Estado inició una demanda penal para que se investigue la posible comisión de un delito. Varias personas dijeron que habían pagado dinero para poder acceder a la titularización de sus propiedades. Los nombres de Rafael Trujilo y de Maximiliano Barreiro, investigados por el caso del “Loteo Gaucho Castro” de El Mollar, aparecen en esta investigación.
Al estallar el escándalo, se resolvió que sea Catastro el responsable de analizar este proceso. Lo primero que resolvieron es darles trámite a los 300 expedientes que se hicieron tal como disponía la ley. De ese número, unas 100 carpetas fueron rechazadas por no haber cumplido con las disposiciones de la norma. Después de analizar decidieron suspender el trámite porque el ancho de los caminos que llegan a esas casas no supera los cuatro metros, violando los estándares de cualquier código urbanístico.
Usurpaciones: dos casos que son ejemplos del caos dominial de El CadillalEsa importante falla surgió en el relevamiento que hicieron los especialistas de diferentes áreas del Estado y profesionales de la actividad privada. Recalcaron que ese problema impedía a los habitantes de diferentes sectores a recibir servicios esenciales como la llegada de ambulancias o móviles de bomberos y las unidades de recolección de residuos, entre otros. Establecieron que el ancho de las arterias debe tener un mínimo de 12 metros.
La resolución no les cerró las puertas a los interesados. Dispuso que podrán acceder a la titularización de las tierras si es que ceden parte del frente de sus propiedades y, en caso de ser necesario, destruir todas las construcciones que estén dentro de esa franja. Una vez que realicen las modificaciones exigidas, deberán presentar la documentación para demostrar que hicieron los cambios. Sólo entonces podrán continuar con los trámites para adquirir al Estado las tierras que ocupan. “Quedamos entre la espada y la pared. Evidentemente, si no queremos perder todo, tendremos que ceder. Habrá que empezar todo de nuevo”, dijo Esteban Martínez, hijo de un propietario.
¿Qué sucederá con todos aquellos que iniciaron los expedientes de manera irregular? Lo único se sabe por el momento es que fueron rechazados por Catastro porque no cumplieron con los requisitos establecidos por la norma. La oportunidad que se les dio a los 200 propietarios para subsanar la situación fue porque hicieron de manera correcta y no de manera irregular, como se cree que lo hicieron, ya que muchos de ellos habrían pagado importantes sumas de dinero para evitar adquirir las tierras al Estado.
El Cadillal: una villa turística repartida por la políticaSi las propiedades están en tierras fiscales, el Gobierno estará en condiciones de recuperarlas. Queda la posibilidad que se cree una nueva norma para que puedan regularizar su situación, pero por el momento no hay ningún proyecto presentado. “El Estado no nos puede abandonar ahora. Fueron sus empleados los que nos engañaron. Actuamos de buena fe y ahora nos vienen a decir que nos quedamos afuera”, señaló Fernando Herrera. “Nos dijeron que podíamos recorrer ese camino para evitar la compra del terreno. Somos trabajadores, no millonarios”, añadió.
Sin chances
La resolución también establece que quedaron fuera del plan de regularización todas las propiedades que se construyeron dentro de la franja de 35 metros desde la cota máxima del espejo, creada específicamente por cuestiones de seguridad. El barrio Villa del Lago, que tiene unas 100 viviendas, uno de los más grandes de ese centro turístico, fue considerado por las autoridades como un ejemplo de lo irregular. “Existe un grave riesgo de inundación en varios terrenos ocupados aguas abajo de las presas laterales 2, 3 y 4 del Dique Celestino Gelsi de El Cadillal, y también aguas abajo del aliviadero de emergencia. Que además del riesgo hidrológico, también se encuentra afectado el patrimonio arqueológico y paleontológico”, se puede leer en la resolución.
Las tierras cuestionadas son de dominio público, por lo que pertenecen a la Provincia. En principio, el Estado está en condiciones de exigir que los ocupantes abandonen el lugar de manera pacífica o, en su defecto, solicitar a la Justicia su desalojo.
En Ticucho: destruyeron las edificaciones que había en el club El Cardumen
El plan de regularización dominial también avanza en Ticucho. En esa localidad, ubicada en Tapia y vecina de El Cadillal, ayer se realizó la destrucción de todas las edificaciones que se encontraban en el club de pesca El Cardumen. Días atrás, agentes estatales se presentaron en el lugar y le informaron al encargado de cuidarlo que la Provincia recuperaría el terreno porque la concesión que le habían otorgado décadas atrás estaba totalmente vencida. Le dieron un plazo para que retiraran las cosas del lugar. Ayer, con máquinas, los trabajadores destruyeron todas las construcciones del lugar. A través de una nota, las autoridades habían demostrado su intención de devolver el predio.